Fuente: iProfesional – La negociación salarial del gremio metalúrgico fue un caso testigo: las empresas más chicas avisaron que no pueden pagar el bono que aceptaron las grandes
El nuevo estilo de paritarias con revisión permanente -una típica consecuencia de los tiempos de alta inflación- dejó en evidencia que no sólo se producen grandes diferencias de ingresos entre los asalariados, sino también en las empresas: hay pymes que simplemente no pueden acompañar el ritmo de aumentos que firman las empresas grandes. El caso más emblemático en este sentido fue la reciente paritaria del gremio metalúrgico, que introdujo la «cláusula gatillo» para la indexación automática por inflación en el último trimestre del año.
Tras varias semanas de tensa negociación, la Unión Obrera Metalúrgica, abajo el mando del kirchnerista Abel Furlán, llegó a un acuerdo para un incremento de 42%, pero agregó dos agregados no habituales: uno es el aumento provisional de 7% mensual entre octubre y diciembre, que será corregido al mes siguiente en caso de que el IPC resultara diferente al previsto.
El otro punto destacado -como se aplica en otros sindicatos poderosos, como el bancario y el camionero- fue el pago de un bono por $60.000, en dos cuotas. Pero cuando parecía que finalmente todo se había encauzado de manera no conflictiva, se conoció la disidencia de la cámara que representa a las pequeñas empresas del sector Camima, que publicó una elocuente advertencia.
«La realidad económica actual impide que podamos acceder a los incrementos salariales pactados por otras Cámaras, los cuales superan ampliamente los índices de inflación real y estimada para los próximos meses», expresa el comunicado, publicado luego de que el ministerio de Trabajo homologara el acuerdo con otras cinco cámaras empresariales.
«Rechazamos de manera contundente el Bono de $60.000, el cual no tiene contraprestación alguna y carece de justicia y equidad al no contemplar categorías, mérito, productividad o presentismo», agrega, en un anuncio tácito de que, pese a lo aprobado por la ministra Raquel «Kelly» Olmos, no se pagará la suma no remunerativa.
En todo caso, lo que evidenció esta fisura entre las pymes y las grandes cámaras del sector es la dificultad para la continuidad del régimen de convenios sectoriales que defiende el Gobierno. La realidad que plantean las empresas chicas que no cuentan con espaldas financieras es que, ante la presión por mejoras salariales, se pone en riesgo la estabilidad laboral y hasta la propia continuidad de algunas compañías.
Llamativamente, la única empresa grande que sigue demorando su acuerdo es la más grande en el rubro siderúrgico, Techint, aunque por motivos diferentes a los expresados por Camima. La especulación en el sector es que el conglomerado dirigido por Paolo Rocca prefiere esperar a las PASO para firmar con el panorama político más claro.
La paritaria del gremio metalúrgico desnudó el problema de las pymes que no pueden acompañar las concesiones salariales de las empresas grandes.
El incómodo reclamo del bono impagable
Uno por hacer valer su poderío en el mercado, los otros porque no tienen suficiente caja, lo cierto es que el más grande y los más pequeños del mercado pusieron en entredicho el estilo de negociación salarial justo en una de las paritarias de más alto perfil.
Para el Gobierno, y para Sergio Massa en particular, es una mala noticia. Y, por cierto, no se trata de la primera señal en el sentido de que a las pymes se les hace cada vez más difícil seguir la estrategia de las compañías líderes, que muchas veces, para evitar conflictividad sindical, acceden a aumentos salariales que luego podrán compensar mediante aumentos de precios.
No es el caso de los empresarios pymes, que vienen mostrando un margen de maniobra cada vez más angosto. Una prueba contundente de ello se vio el verano pasado cuando el Gobierno, tras un año de presión política por parte del kirchnerismo para aplicar por decreto un aumento salarial general de suma fija, accedió a imlementar un bono de fin de año para los segmentos de menores ingresos.
A pesar de que se había tratado de un bono muy devaluado respecto de la aspiración original del kirchnerismo -$24.000 en un pago por única vez, acotado a los trabajadores con ingresos inferiores a $185.000- igualmente su pago resultó muy acotado, con sectores que alegaron que no podían pagarlo por su situación de emergencia financiera, y otros que reclamaron que fuera considerado a cuenta de mejoras salariales en el convenio.
Peor aun, dejó al desnudo una divergencia interna del peronismo respecto de la filosofía salarial: se delineó una postura que favorecía un mayor grado de intervencionismo del Gobierno, frente a otro -sostenido sobre todo por la cúpula de «la CGT de los gordos»- que temía perder su rol de representación gremial y defendía a ultranza la vigencia de las paritarias. Su principal argumento era que cada rama de actividad tenía realidades disímiles, y que las paritarias permitían que se dieran los aumentos sin que se generara un riesgo a la estabilidad laboral. Por otra parte, advertían contra las medidas que pudieran «achatar la pirámide salarial», con categorías de ingresos que podrían solaparse.
Ahora, en pleno cierre de la campaña electoral, se le plantea a Massa otra situación incómoda: el sector más díscolo del sindicalismo, liderado por Pablo Moyano, vuelve a poner sobre el tapete la exigencia de un aumento generalizado de suma fija.
Ante la ola inflacionaria, Sergio Massa está presionado por los sindicatos que piden un aumento salarial de suma fija por decreto.
«El Gobierno ha priorizado el salario de los trabajadores, pero le estamos pidiendo una suma fija como refuerzo paritario, para aquellos trabajadores que no logran empatarle a la inflación», planteó el líder camionero. Es decir, disimulado detrás de un tibio elogio al ministro/candidato, aparece el recordatorio de la caída salarial y del repunte inflacionario.
Y la realidad es que los números parecen darle la razón a Moyano: el último informe del Indec confirma que, en lo que va del año, todos los sectores han perdido poder adquisitivo: los asalariados del sector privado cayeron un 2% real, mientras los estatales se defendieron mejor, pero también perdieron un 0,4%. Y muy lejos en la escala de ingresos, los informales llevan perdidos otros 7,8 puntos en el año.
Esto pone a Massa en la incómoda situación de tener que dar una respuesta a un pedido de un dirigente de la CGT, y que probablemente esa respuesta sea negativa, entre otros motivos porque sabe que las pymes no podrán hacer frente a un pago compulsivo de un bono extra ni a un incremento salarial por decreto.
Una mancha en el discurso de Massa
La importancia que Massa le asigna a las pymes en su campaña electoral queda en evidencia prácticamente a diario. Las menciona en todos sus discursos como las responsables del tejido social y como objeto de los cuidados del Estado.
Acaba de anunciar una serie de alivios en el plano impositivo: la deducción del 30% en el impuesto al cheque, como pago a cuenta por contribuciones patronales; también una baja y división en cuotas del anticipo por el impuesto a las Ganancias y la exclusión del sistema de percepciones y retenciones del IVA para 95.000 pymes.
El jueves, en un encuentro con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que tuvo un tono políticamente amable, Massa reconoció problemas e hizo promesas de reformas en un plano sensible como el de los costos de la litigiosidad laboral. «El gran desafío para 2024 es usar parte de los recursos del crecimiento para hacer un sistema más progresivo en materia de impuestos y encontrar un mecanismo de garantía para que un Pyme no sienta que cuando toma un laburante pone en riesgo al momento de despido la hipoteca de su casa», dijo.
Y, ya en la recta final hacia las PASO, el lunes anunciará la entrega de subsidios a unas 300 pymes, bajo la forma de aportes financieros no reembolsables, para proyectos de ampliación productiva, sobre todo las orientadas a la exportación.
Tras la aplicación del dólar maíz, Massa sufre los reclamos de pymes que se sienten perjudicados por mayores costos.
Pero el ministro se está encontrando a diario con una dura realidad: las medidas sectoriales suelen quedar «tapadas» por los problemas derivados de la macroeconomía. A las ya mencionadas que están vinculadas a la imposibilidad de dar aumentos salariales a tono con la inflación, se suman ahora las quejas del sector pyme rural, que se siente víctima de los efectos colaterales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En particular los productores de carne porcina y aviar, así como el sector lechero, describieron con crudeza cómo el aumento en el costo de los insumos -sobre todo por el «dólar maíz» y el nuevo impuesto a la importación- los deja en una situación al borde del quebranto.
Pero como si no fuera suficiente con el mal clima existente en el campo, Massa también está sufriendo otro costo colateral de las medidas: la queja de los industriales pyme, que piden un tratamiento cambiario específico.
Los empresarios congregados en IPA (Industriales Pymes Argentinos) retomaron un pedido que ya había presentado el año pasado, cuando se empezaban a hacer evidentes los problemas de la distorsión cambiaria. Pide el establecimiento de un «dólar pyme» que sirva como incentivo para la exportación.
Más concretamente, quieren que se les reconozca una cotización de $340, o dicho de otra forma una devaluación del 26%. Es decir, lo mismo que al maíz, pero no de forma temporaria sino permanente.
El titular de IPA, Daniel Rosato, denunció que las ventas al exterior están sufriendo un derrumbe de 20%, algo que se cuantifica en u$s420 millones. Y se queja de la diferencia de trato respecto del sector agrícola porque afirma que, a diferencia de lo que ocurre con el campo, la industria genera un flujo exportador permanente y estable, sin ciclos estacionales. En línea con el discurso preferido del oficialismo, recordó que «a diferencia de los sectores primarizados», su exportación tiene valor agregado y es generadora de empleo.
La incomodidad para Massa es evidente, porque las pymes manufactureras son, precisamente, uno de los sectores más presentes en su discurso. Y, lejos de encontrar un auditorio amigable, cada vez está recibiendo más quejas por parte de un sector al que el ministro/candidato considera un aliado histórico del peronismo.