Categoría: RRHH

Fuente: BAE – Aunque el sector está siendo muy golpeado por la crisis, los datos muestran su importancia para la creación de empleo.

Las estadísticas oficiales confirman que Argentina posee las características para ser considerada una «gran pyme nacional». Los datos muestran que este sector es el principal generador de empleo, según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El análisis de las nóminas y las contribuciones patronales reveló un promedio de entre 14,4 y 15,6 asalariados registrados por empresa entre 2018 y 2023, una cifra cercana a la media del segmento pyme, que va de 11 a 25 empleados.

El mapa del empleo en Argentina está dominado por pequeñas empresas: el 73% del total registrado en 2023 tenía hasta cinco empleados, mientras que el 23,2% contaba con entre 6 y 50 trabajadores. En contraste, solo el 3,9% de las empresas tiene más de 50 empleados.

Aportes

Los empleadores dedicados a la producción de bienes y servicios, aquellos registrados como administradores de consorcios con personal a cargo y los jefes de familia que se inscriben en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares representan, en su conjunto, más de la mitad de la estadística del SIPA.

Estas proporciones cambian cuando se compara la contribución de los empleadores con hasta dos asalariados frente al total de ocupados registrados en relación de dependencia. Es decir, el volumen total de aportes que realiza cada segmento. El 2,34% de los aportes recibidos por la ANSES corresponde a empleadores que cuentan con un solo trabajador y otro 2,17% a los que tienen dos.

Contrastes

Esos porcentajes contrastan con el correspondiente a las empresas con más de 5.000 trabajadores asalariados: un 20,6% repartido entre 87 empresas. En tanto, un 19,86% corresponde al segmento de entre 101 y 500 empleados y otro 10,24% al que emplea entre 501 y 1.500 personas, según consignó el Departamento de Estudios de la AFIP.

Aunque representan menos de la mitad del total y evidencian un franco retroceso en lo que va del año, las pymes con más de dos asalariados registrados adquieren una relevancia significativa como creadores de puestos de trabajo en relación de dependencia. Las empresas con más de dos trabajadores concentran el 91% de los empleos. Estos puestos, además, no solo son los más estables sino también suelen estar mejor remunerados.

Al evaluar los poco más de 534.000 empleadores registrados que existen en el país se desprende que el empleo asalariado sigue teniendo mayor concentración en las pymes, principalmente en las medianas y recién después en las grandes empresas.

Productividad

Por otra parte, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacan que las pymes son actores claves para incrementar el crecimiento potencial de la región. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como también su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, su capacidad de exportación y su potencial de crecimiento.

Los técnicos de la CEPAL señalan que las pymes constituyen un componente fundamental en el entramado productivo en la región, ya que representan cerca del 99% de las empresas y dan empleo al 67% de los trabajadores. No obstante, su contribución al PBI regional es relativamente baja, lo que expone las deficiencias en sus niveles de productividad. Por ejemplo, las grandes empresas de la región muestran niveles de productividad hasta 33 veces más elevados que los registrados por las microempresas, mientras que esas cifras oscilan entre un 1,3 y 2,4 veces en los países de la OCDE.

Exportaciones

En lo que respecta al comercio exterior, cerca del 10% de las pymes latinoamericanas exporta parte de su producción, mientras que la fracción de pymes exportadoras asciende al 40% en Europa. Las pymes de América latina forman un conjunto muy heterogéneo, que varía desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta las empresas innovadoras con alta eficiencia y capacidad de exportación. Con la aplicación de políticas coherentes y coordinadas, las pymes podrían convertirse en agentes del cambio estructural a través de su contribución al aumento de la productividad. 

Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes empresas, favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas y contribuyendo a la inclusión social al elevar los ingresos de las microempresas y reducir su vulnerabilidad. Lo anterior significaría superar varias de las debilidades estructurales de las economías latinoamericanas, ya que las pymes son componentes claves aunque débiles de la misma, indicó la CEPAL.

El organismo remarcó que es necesaro mejorar la articulación entre los actores económicos e incrementar tanto la eficacia como eficiencia de las instituciones de apoyo para aumentar la productividad y la competitividad de las pymes en la región. La creación de espacios de cooperación entre firmas podría estimular la generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a consolidar y dinamizar los procesos de modernización empresarial.

Fuente: Cronista – Cámaras empresarias participaron hoy de un encuentro que se celebró en la Secretaría de Empleo y en la que se dialogó sobre la elaboración de una Ley Pyme.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabezó este mediodía un encuentro con representantes de cámaras y nucleamientos empresarios para compartir ideas respecto de proyectos de ley que aborden las necesidades de las PyMEs.

Aunque algunos de los participantes esperaban detalles sobre la reglamentación de la reforma laboral, el temario tuvo que ver con la construcción de proyectos normativos que, de llegar al Congreso, cuenten con el apoyo las entidades. 

«La idea fue convocar a las entidades para hablar, entre otras cosas, del proyecto de una Ley Pyme, para que lo que salga sea robusto, que sea consensuado», señaló el titular de la Confederación General Empresaria (CGERA) Marcelo Fernández.

En diálogo con El Cronista señaló que la normativa es un histórico reclamo de CGERA y de otras entidades del sector: «Uno de los puntos que va a ser ineludible es la segmentación de las normativas, en todo sentido. En el universo de las pequeñas y medianas empresas hay desde aquellas que tienen 400 empleados y otros que tienen 9. Sólo por poner un ejemplo, el tratamiento crediticio no puede ser idéntico».

Entre los pedidos y reclamos está también la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo que, desde el punto de vista patronal, no otorga previsibilidad, ya que muchas empresas fueron condenadas como «solidarias» de las ARTs en casos de accidentes laborales. 

«Todo tienen que ser sin vulnerar derechos. Nosotros, cuando dialogamos con los sindicatos, les decimos que hay que dialogar y trabajar juntos para que la legislación no la hagan otros en nuestro nombre», abundó Fernández. 

Más medidas

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María Victoria Lippo

Otra de las entidades presentes fue Coninagro que, junto a CRA, llevaron las perspectivas y necesidades de la agroindustria. 

«Se habló de la desregulación de diversos temas para facilitar la inversión. Nosotros creemos que, por ejemplo, la actualización del mínimo no imponible de aportes patronales es algo que no afecta a los trabajadores y que es un punto a tener en cuenta antes de contratar», señaló Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. 

Otro punto llevado por esa entidad fue la necesidad de «modernizar» el Estatuto del Peón Rural y aggiornarlo a la irrupción de nuevas tecnologías, como así también la problemática de los «planes sociales» dificultando la contratación de la mano de obra. 

«Nosotros buscamos un RIDA, un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial», añadió. 

Por su parte, el secretario Cordero destacó la importancia de la presencia sectorial y que dijo que para el Gobierno «es indispensable escuchar la necesidades del sector y planificar acciones con foco en la generación de trabajo y apertura de Empresas».

Respecto de la reglamentación de la Reforma Laboral, algunos participantes esperaban que fuera uno de los temas primordiales del encuentro y, aunque se trató lateralmente, se señaló que el lugar natural para ese debate es la mesa del diálogo social y que podría haber anuncios «a la brevedad». 

La reunión se celebró en la Secretaria de Trabajo y, además de Cordero, también participó el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Fuente: Clarín – «Los quiero escuchar», abrió el juego la ministra Sandra Pettovello en el que fue su primer cara a cara con los industriales. Se trató de un almuerzo distendido en la tradicional sede de la Unión Industrial.

En la larga mesa estaban el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, secundado por los vice, Miguel Rodríguez (Sinteplast), David Uriburu (Techint), Martín Rappallini (Cerámica Alberdi), Adrián Kaufmann (Arcor), e secretario Eduardo Nogués (Ledesma) y el tesorero Isaías Drajer (Laboratorios de capital nacional).

Pettovello asistió junto a Julio Cordero, el secretario de Trabajo, al que los empresarios conocen dado su desempeño anterior en el grupo Techint.

Funes de Rioja quiso saber sobre los avances en varios aspectos de la reforma laboral aún no reglamentados y la necesidad de una ley pymes «que vienen del sacrificio de una recesión».

Un tema que preocupa y mucho es la tasa de interés que rige en los juicios laborales. «Con estos niveles ninguna pyme va a salir a contratar, uno de los efectos colaterales de la crisis ha sido el crecimiento del empleo en negro», advirtieron a los funcionarios. Para los industriales, hay una multiplicación excesiva de intereses en los juicios laborales, algo que se conoce como anatocismo. Pidieron una solución urgente.

La figura de los posibles despidos ante los bloqueos sobrevoló la reunión. Lo que se interpretó es que el empresario tiene derecho a despedir a aquellos que bloqueen la fábrica pero luego decidirán los jueces

La Ley habilita a que, procedimiento mediante, la empresa pueda despedir con causa a un trabajador que participa de un bloqueo. Esta parte aún no fue reglamentada y se aclararía que para el caso de los delegados, sólo podrán ser despedidos por bloqueos si se realiza el trámite de exclusión de la tutela sindical.

Un aspecto de la ley que generó simpatía es el que se refiere al período de prueba: pasó de 3 a 6 meses, pero subirá a 8 meses para las firmas de entre 6 y 100 trabajadores y podrá estirarse hasta 1 año en el caso de las pymes que cuenten con hasta cinco trabajadores.

Al final de la comida frugal, la UIA le contó a la ministra que celebra el Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre en su propia sede. Está invitado el presidente Milei y todo su Gabinete.

Fuente: Cronista – En lo que va de 2024, el salario promedio pretendido por los candidatos tuvo un incremento acumulado del 81,5%, por debajo de la inflación, según un relevamiento de Bumeran. Pero, en el último mes, ya se vio un cambio de tendencia en esa carrera.

La pretensión salarial de los argentinos aumentó en julio un 9,15% respecto junio y ya alcanzó el $ 1 millón por mes. A su vez, en los siete meses del año, el sueldo requerido tuvo un incremento acumulado del 81,5%. Si bien se trata de una cifra que está por debajo de la inflación acumulada del mismo periodo (87% hasta julio), los salarios empiezan a demostrar indicios de mejora.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, en términos interanuales, las remuneraciones pretendidas aumentaron un 246%. Esto es por debajo de la inflación acumulada, que alcanza un 263,4%, lo que arroja una brecha es de 17 puntos porcentuales. 

«En julio, el salario pretendido promedio alcanzó $ 1.003.148, un aumento del 9,15% mensual, superando la inflación en 5 puntos porcentuales. El salario comienza a recuperar su valor. Sin embargo, en términos interanuales, las remuneraciones pretendidas aún no han igualado la inflación acumulada del mismo periodo, que supera a la tasa de incremento salarial en 17 puntos porcentuales», explicó Carolina Molinaro, head of Marketing de Jobint.

En cuanto a los salarios promedios requeridos más altos, se destacan los de ingeniería textil, con $ 2,6 millones por mes para las posiciones de supervisor o jefe; construcción, con $ 1,9 millones mensuales para los niveles semi senior y senior; e ingeniería civil, con $ 1,2 millones para el segmento junior.

Por el contrario, entre las posiciones con los sueldos promedio más bajos, figuran los camareros, con $ 425.000 por mes en el sector junior y con sueldos de $ 497.013 mensuales para los niveles semi senior y senior. En tercer lugar, se ubica telemarketing, con $ 550.000 por mes para el segmento de supervisor o jefe.

Al igual que el mes pasado, los salarios pretendidos por los hombres aumentaron más que los de las mujeres: 10,24% frente a 8,15%. En este sentido, el salario requerido promedio por los hombres fue de $ 1.024.074 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de $ 957.647 mensuales. De esta manera, la brecha de la remuneración pretendida según género es de 6,94% a favor de los varones.

Salarios pretendidos según el seniority

Si se tiene en cuenta el seniority del cargo, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en julio fue de $ 1,3 millones, lo que significó un aumento de 7,1% respecto al mes anterior. 

En tanto, en las categorías semi senior y senior el sueldo requerido fue de $ 1.033.966 mensuales, lo que refleja un incremento de 9,2%, mientras que, en los niveles junior, fue de $ 723.883 con una suba del 10,6 por ciento. 

En las posiciones junior, el sector de recursos humanos fue el que presentó la mayor pretensión salarial durante julio, de $ 789.000 por mes. Le sigue el área de administración y finanzas, con $ 762.386 mensuales y producción, abastecimiento y logística con $ 760.652 por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que fue de $ 723.883 por mes.

Así, las mayores subas en el acumulado anual se dieron en el sector de marketing y comunicación, con un aumento de 131,5%. Por el contrario, recursos humanos fue el de menor crecimiento con 103,61 por ciento.

No obstante, en el acumulado anual, el sector de producción fue el que presentó el mayor incremento, con una suba de 123%, mientras que el área de marketing y comunicación fue el de menor crecimiento con 76,5 por ciento.

En las posiciones semi senior y senior, el área de producción, abastecimiento y logística presentó la mayor remuneración pretendida con $ 1,2 millones por mes. Le siguen recursos humanos con $ 1,1 millones; tecnología y sistemas con el mismo monto; y administración y finanzas con $ 1 millón. El resto de los sectores están por debajo del promedio semi senior y senior que es de $ 1.033.966 mensuales.

Fuente: Infobae – El decreto entró en vigencia este mismo viernes. Cuáles son los sectores alcanzados, los montos mínimos de inversión y los beneficios impositivos que tendrán las empresas.

El Gobierno publicó este viernes la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) en el Boletín Oficial. A través del decreto 749/2024, el Poder Ejecutivo le puso letra chica al programa sancionado en agosto pasado con la Ley Bases y el paquete fiscal.

El RIGI busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año. El decreto entró en vigencia desde este mismo viernes, con su publicación en el Boletín Oficial.

Los montos mínimos

Hay muchos puntos por analizar en la reglamentación del RIGI. En primer lugar, se puede confirmar que serán ocho los sectores que podrán formar parte del beneficio. Se trata de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de “petróleo y gas”. Para la gran mayoría se exige un mínimo de inversión de USD 200 millones, pero hay algunas excepciones.

Las inversiones de petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deberán superar los USD 300 millones, en tanto que las realizadas con fines de exploración y explotación tendrán que ser mayores a USD 600 millones.

La acreditación del cumplimiento del Monto Mínimo de Inversión en activos computables deberá efectuarse en base a los importes efectivamente erogados por el VPU.

Las ventajas del RIGI

Las ventajas que ofrece el RIGI para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU) incluyen mejores condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

En cuanto a la parte impositiva, habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU. Se buscará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años podrán ser transferidos. Habrá una devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dicta la normativa.

Durante los primeros tres años, las empresas no pagarán retenciones. (EFE)

Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

• Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU);
• Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU;
• Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU

“La ‘fecha de puesta en marcha’ del VPU será lo primero que ocurra entre la fecha de la primera exportación del producto que constituye el objeto principal del Proyecto Único y la fecha en que se complete el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto mínimo de inversión en activos computables”, dicta la reglamentación.

Fin de los beneficios

Con la publicación de la ley 27.742 se había dado a conocer los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

• Finalización del proyecto por fin de su vida útil;
• Quiebra del VPU;
• Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o
• Cese como sanción por infracción al RIGI.

Ahora, se conocieron algunos detalles más vinculados a esa situación. Se reglamentó que las empresas tendrán sólo diez días corridos para informar cualquiera de esas situaciones y se estableció que, en caso de quiebra, para que se produzca el cese de los derechos e incentivos, la sentencia judicial que la declare deberá encontrarse firme. El cese tendrá efectos retroactivos a la fecha de la sentencia original de quiebra.

Por otro lado, la reglamentación indica que el VPU podrá solicitar la baja voluntaria del RIGI en cualquier momento. La baja se concretará una vez aprobada por la Autoridad de Aplicación, la que deberá expedirse dentro del plazo máximo de 45 días hábiles administrativos de presentada la solicitud.

Fuente: CAME – La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acompaña a la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) en su rechazo a la modificación del artículo 48 de la ley N° 11.653 de Procedimiento Laboral que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial, y a través de la cual se modificaría la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales.

De acuerdo con el proyecto, el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.

“Desde CAME y otras entidades, como la Sociedad Rural y CONINAGRO, hicimos una presentación judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los intereses abusivos que se cobran por los juicios laborales. No planteamos no pagar una indemnización, sino pagar lo que corresponde, sin intereses judiciales excesivos, y sin quitar los derechos adquiridos de los trabajadores”, expresó el presidente de CAME, Alfredo González.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad y titular de FEBA, Alberto Kahale destacó que “nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del artículo 48 nos obligará a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos dejará desamparados ante un eventual juicio laboral”. Agregó, además: “Ya en la actualidad tenemos juicios cuyos montos se multiplicaron por cuarenta en el último período. Es imposible hacerles frente. Lo que termina sucediendo es la desintegración del sector pyme y un aumento de la desocupación”.