Balance de gestión: un año desmantelando controles
Fuente: Ámbito – Los controles discrecionales a las importaciones existían solo en la Argentina, eran extremadamente opacos y obligaban a los empresarios a preocuparse más por llegar al escritorio de un funcionario que trabajar para crecer.
Llegamos a la Secretaría de Industria y Comercio con el mandato del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, de desmantelar un sistema anormal, irregular y plagado de controles que obligaba a los ciudadanos y a las empresas a pedir permiso a los funcionarios para realizar su actividad. Desde importar un insumo hasta ponerle el precio de venta a un paquete de galletitas requería de autorización estatal.
Los controles discrecionales a las importaciones existían solo en la Argentina, eran extremadamente opacos y obligaban a los empresarios a preocuparse más por llegar al escritorio de un funcionario que trabajar para crecer. Eliminamos todos los permisos para importar, ahora es libre como ocurre en todos los países del mundo.
Las empresas no recibían recibían acceso a los dólares para pagarle a sus proveedores. Esta situación generó una acumulación de u$s50.000 millones de deuda comercial que dejó a la actividad productiva al borde de la parálisis ante la falta de insumos y la previsión de costos. Junto a la AFIP y al Banco Central, regularizamos esa deuda mediante la creación del Padrón de Deuda Comercial y el posterior acceso a los bonos Bopreal para realizar pagos al exterior.
Normalizar el comercio exterior es especialmente relevante. El 80% de las importaciones son insumos para la producción.
Además de Precios Justos, se derogaron 115 normas que le permitían al Estado intervenir en un gran número de actividades.
Además, los extensivos controles de precios, a través del programa Precios Justos, habían generado enormes distorsiones en los precios de los bienes de consumo. En diciembre de 2023, los precios en los autoservicios y almacenes (no alcanzados por el programa), llegaban a duplicar el precio de los bienes de los supermercados, que contaban con reducida oferta de variedad y escasez de productos. Decidimos eliminar todos esos programas ya que eran inútiles. En ese proceso la inflación se redujo, aumentó la oferta de productos y las empresas se dedican a producir y vender y no a informar precios para su autorización.
Además de Precios Justos, derogamos 115 normas que le permitían al Estado intervenir en un gran número de actividades, desde fijar precios de la carne y otros alimentos, requerir información innecesaria, como en el caso de costos de matrícula en colegios privados y universidades y obligar a informar sobre la producción y venta al mercado interno y a la exportación.
En comercio exterior una gran cantidad de regulaciones funcionaban cómo barreras paraarancelarias, destinadas a proteger sectores en detrimento de los consumidores. Por eso trabajamos en la derogación y modificación de 46 Reglamentos Técnicos y normativas que imponían trámites y regulaciones encareciendo los precios que pagan los argentinos y dificultando el libre acceso a bienes de calidad.
Por ejemplo, los trámites para importar bicicletas (que requerían, entre otros ítems enviar a un auditor al extranjero a certificar la planta del proveedor), hacían que Argentina sea el país de la región con menos importaciones de bicicletas luego de Cuba y Nicaragua y en consecuencia las bicicletas eran las segundas más caras en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto.
En comercio exterior una gran cantidad de regulaciones funcionaban cómo barreras paraarancelarias, destinadas a proteger sectores en detrimento de los consumidores.
Para favorecer la baja de precios de productos de uso extendido en la economía, se redujeron los aranceles de insumos como herbicidas, fertilizantes, plásticos, neumáticos y bienes finales como heladeras, lavarropas y motos. Estos productos contaban con niveles de protección elevados en el Arancel Externo Común del Mercosur y tuvieron rebajas sensibles que alientan la competencia.
Pusimos en valor a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que en la gestión anterior prácticamente no se había expedido. El rol de la CNDC es fundamental en una economía de libre de mercado ya que vela por la competencia y la transparencia en los mercados. Lanzamos el programa de clemencia, que permite la denuncia de carteles y estamos próximos a lanzar el concurso para la designación de autoridades de la Autoridad Nacional de Competencia (ANC) que será un tribunal independiente y dará una mayor insitucionalidad a los procesos de Defensa de la Competencia
Trabajamos para simplificar procesos, lo que implica reducción de tiempo y costos para las empresas. Dos ejemplos de simplificación son la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), creada para unificar más de 500 trámites y el régimen de Repostock, que permite importar sin impuestos los insumos que luego se exportan en productos terminados. El régimen casi no tenía usuarios ya que debía realizarse en papel y presentarse de manera manual. Con su digitalización, más de 5000 empresas y sus proveedores pueden acceder al beneficio.
Planeamos seguir trabajando en 2025 para simplificar los procesos del comercio exterior y los procesos aduaneros, perfeccionar VUCE y reglamentos técnicos. El objetivo será abaratar los costos, unificar los regímenes y mejorar la importación temporaria y vía postal. Además, se profundizará la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y se pondrá en agenda la calidad y competitividad industrial.
Estamos convencidos que nuestro rol es técnico y que está al servicio de los consumidores y las empresas. Vamos a seguir trabajando para eliminar la burocracia que oculta privilegios, no queremos ser noticia ni tener el poder de decidir sobre los otros. Somos parte de un gobierno que sabe que la normalidad hace prósperos a los países.
Secretario de Coordinación de Producción, exsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Exsecretario de Comercio.