Categoría: Cámaras e Instituciones

Fuente: Noticias Mar del Plata – El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, participó como integrante de la Mesa Federal del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) de una reunión con el secretario nacional del conocimiento, emprendedores y PYMES, Marcos Ayerra, en un evento que se realizó en San Rafael, provincia de Mendoza.

Los empresarios plantearon la necesidad de atender de forma simultánea los aspectos coyunturales de la realidad ante el ajuste del gasto público y su consecuente caída de la actividad, y la implementación de la Ley Integral Pyme, que implica pronosticar un futuro de crecimiento y aumento del empleo.

Las conclusiones de la reunión de 90 minutos fueron: «en la coyuntura contamos con la suspensión de embargos y baja tasas de AFIP (se pidió mantener hasta el 31/12); la implementacion inmediata de una nueva herramienta de los Bancos; el LUFE, para otorgar préstamos garantizados por FOGAR, sin el requisito de libre deuda impositiva y aprovechando las tasas negativas del mercado y además, el estudio de bajas de contribuciones en aquellos sectores más afectados por el ajuste», detalló Fasano.

Y añadió que «en el planteo de la Ley Pyme, la Secretaría está trabajando sobre la base del proyecto presentado por el MONAPY, al que se le incorporarán otros proyectos e iniciativas que tiene la Secretaría».

El objetivo es consensuar un proyecto de Ley para presentar este año. Al respecto, Fasano pidió que se copie, en esta ley, el mismo proyecto de incentivos fiscales del DNU, conocido como RIGI (Régimen Impositivo para Grandes Inversores), transformando el régimen en el RIP (Régimen Impositivo Pyme).

Fuente: CAME – El secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra, participó junto al subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, del primer Encuentro Federal Pyme del año que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su sede.

Durante la inauguración del evento, el presidente de CAME, Alfredo González, agradeció la colaboración de Ayerra en el impulso de Cuota Simple. Por otra parte, planteó que “el costo laboral debería ser igual en todos lados para desarrollar el interior, que producir tenga un costo similar en el AMBA, en Jujuy o en Tierra del Fuego”. Al respecto, Ayerra sostuvo que “la Argentina sale adelante con empleo de calidad”. Y agregó: “Es fundamental que los empresarios estén incentivados a generar trabajo. Argentina debe ser un gran lugar para emprender, y emprendedor es el que se levanta todos los días, produce y crea empleo”.

A su turno, Blanco Muiño manifestó que el objetivo de su gestión es “simplificar” y “desburocratizar”. En ese sentido, destacó la derogación de 69 normativas de comercio interior. “Algunas eran de otro tiempo, otras por superposiciones. Fue un trabajo en conjunto entre el Estado y los privados”, explicó. Asimismo, adelantó que la Subsecretaría avanzará en el estudio de las cadenas de valor, algo que CAME viene reclamando desde hace años. “Demostraremos el impacto tributario que hay en cada cadena, cuántos impuestos se cobran y quién se queda con ellos”, dijo.

Además, resaltó el rol de CAME en el diseño de Cuota Simple, destinado al fomento de las ventas en 3 y 6 cuotas fijas, que entró en vigencia el 1° de febrero. “Cuota Simple acompaña el consumo. Entre el 20% y 25% de las compras con tarjeta de crédito se realizan con este programa”, expresó.

Alfredo González y Fernando Blanco Muiño

Encabezaron también el encuentro el secretario general de CAME, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; los vicepresidentes Alberto Kahale; Fabián Castillo y Claudia Fernández y el integrante del equipo de la Secretaría, Daniel Ibánez.

Fuente: Cronista – Frente al reclamo de una regularización de activos inmediata para las pequeñas y medianas empresas, funcionarios del Ministerio de Economía recibieron a las autoridades de Industriales Pymes Argentinos (IPA). Los detalles del encuentro y el futuro de la propuesta.

Mientras que el presidente, Javier Milei, y el titular de Hacienda, Luis «Toto» Caputo daban sus primeros pasos en Davos, Suiza, en Argentina, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Economía, entre los funcionarios de segunda línea y autoridades de Industriales Pymes Argentinos (IPA) por una propuesta para el pago de importaciones.

Entrada la tarde del martes, el secretario de Pequeñas y Medianas Empresas, Marcos Ayerra y el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati recibieron al presidente de la organización, Daniel Rosato a raíz de los reclamos de las últimas semanas de un blanqueo para las pymes que pueda aplicarse al pago de importaciones.

Pese a que la ley ómnibus contiene un «Régimen de Regularización de Activos» tanto para dinero en efectivo en Argentina como en el exterior, con un alícuota del 0% hasta u$s 100.000, en IPA le pedían al Gobierno una solución que no esté atada a los tiempos del Congreso.

«Las pymes necesitamos un blanqueo de capitales que se aplique ahora mismo, y que sea independiente del proyecto que está incluido en la ley ómnibus, porque existe una necesidad urgente de contar con liquidez para poder pagar importaciones», sostuvieron en el comunicado que emitieron en inicios de enero.

En la letra chica de la propuesta se planteaba un techo de u$s 300.000 sobre el que no se podría aplicar impuesto ni multas con el justificativo de que su destino sería el pago de importaciones e inversiones productivas «que permitan reactivar el nivel de actividad y sostener los puestos de trabajo, que en la actualidad están en riesgo».

Pero la respuesta por parte de los delegados de Caputo no fue la que querían recibir en el sector. «Nos dijeron que había que tener paciencia y esperar a la ley ómnibus, que en el mientras tanto no se podía hacer nada«, destacó Rosato en conversación con El Cronista.

Frente a la negativa por parte del Gobierno, IPA contraatacó con otra alternativa: que las empresas exportadoras no se vean obligadas a liquidar y se les permita utilizar sus propios dólares para girar en el exterior y comprar materias primas.

Si bien en las últimas rondas cambiarias, el Titular del Palacio de Hacienda logró recomponer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta alcanzar u$s 23.969 millones en la jornada de ayer, aún siguen en niveles bajos que impiden dar ese permiso.

«Cuando el exportador liquida esas divisas, se las pesifica y que tiene comprar dólares a 150 días. Que un banco financie una importación en ese lapso significa un 18% más y pagar el dólar al valor que esté en ese momento», alertó Rosato.

Los riesgos de la falta de dólares y la inflación

El pedido del blanqueo exprés, aseguran, se genera luego de que ciertas fábricas suspendieran sus operaciones por falta de insumos básicos y que algunas de ellas paralizaran sus líneas de producción. Aunque destacaron que la contracción de la demanda a causa de la inflación también contribuyó.

Con el 25,5% de inflación de diciembre y el arrastre que se proyecta para los meses subsiguientes, una encuesta entre los asociados de la entidad reveló que el 78,9% de las fábricas pequeñas y medianas espera que la demanda local baje en el primer trimestre del año.

«En el sondeo mensual que realizamos a nuestras pymes de todo el país confirmamos que las expectativas de los industriales son muy negativas para el primer trimestre del año«, afirmó Rosato. Y destacó: «Con caída del consumo y continuidad de las restricciones a los insumos importados, aunque con una moderada liberación de las importaciones de productos terminados».

Fuente: Perfil – Una entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas le pidió al Gobierno un proyecto para repatriar bienes de forma inmediata a fin de costear el pago de importaciones. Preocupación por el futuro de la producción.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, exigió una ley de blanqueo de capitales exprés destinado exclusivamente a pymes para hacer frente al pago de importaciones esenciales para la producción en un contexto de escasez de dólares y alarma en el sector.

Según informaron desde IPA, las fábricas «ya comenzaron a suspender operaciones ante la falta de insumos básicos e, incluso, paralizaron líneas enteras por el corte de la cadena de producción, que se combina con una abrupta caída de la demanda de mercado, ante la recesión que generó el impacto inflacionario».

El proyecto de blanqueo que reclaman las pymes

En tal sentido, Rosato exigió que se aplique a la brevedad y que sea independiente del proyecto incluido en la ley Ómnibus “porque existe una necesidad urgente de contar con liquidez para poder pagar importaciones«.

La hoja de ruta planteada por el titular de la organización que nuclea a pequeñas y medianas empresas contempla un monto máximo de USD 300.000 a tasa cero. Es decir, que recién a partir de ese umbral se apliquen multas o impuestos por repatriar las divisas. Por el momento, no fueron recibidos por el gobierno nacional.

A la vez, el director de Papelera Rosato aclaró que el dinero blanqueado tendría como únicos destinos el pago de importaciones e inversiones productivas a fin de «reactivar el nivel de actividad y sostener los puestos de trabajo, que en la actualidad están en riesgo por los parates que ya se están viendo en muchas fábricas”.

Pymes en crisis por la falta de dólares

De acuerdo a lo declarado por el referente pyme, el sector atraviesa un momento de zozobra por la caída de la demanda y la no disponibilidad de insumos importados. En efecto, aseguró que se están parando algunas fábricas y en otras se adelantan las vacaciones.

A su juicio, es importante que haya definiciones rápidas y concretas para las pymes, «porque no podemos estar esperando al debate legislativo, ya que las urgencias de las fábricas tienen que tener solución urgente o cierran”.

“Las pymes que tuvieron la posibilidad de ahorrar en dólares, pero obligadas a recurrir al mercado informal debido al cepo cambiario impuesto durante todos estos años, necesitan utilizarlos hoy para salvar a las empresas. Si vuelve a haber un proceso de desindustrialización, el sector privado no estará en condiciones de retener el empleo. Por eso insistimos en un diálogo con el Gobierno, para poder aportar ideas y mejorar las condiciones de la reactivación”, sentenció Daniel Rosato.

En qué consiste la ley de blanqueo de capitales de Milei

El presidente Javier Milei incluyó en la ley Ómnibus que envió al Congreso de la Nación antes de fin de año un proyecto para implementar un blanqueo de capitales tales como dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, acciones, inmuebles, títulos valores, bienes muebles, créditos de cualquier naturaleza y bienes intangibles.

La letra chica de la iniciativa, que tendrá que contar con el visto bueno de la Cámara de Diputados y el Senado para poder aplicarse, engloba tres etapas diferenciadas respecto de los períodos para regularizar las tenencias no blanqueadas.

La primera fase se extenderá hasta el 31 de mayo y la sanción por el ingreso al régimen será de 5%. En el segundo lapso, la fecha límite será el 31 de agosto y habrá que desembolsar un 10% sobre el total de los bienes declarados. La alícuota escalará a 15% del total de capitales regularizados hasta el 30 de noviembre. Cabe destacar que montos inferiores a USD 100.000 quedan exentos de pago.

Fuente: Ámbito – Las diferentes cámaras empresarias están analizando el mega proyecto de «Ley ómnibus» que el presidente Javier Milei envió al Congreso y algunas ya comenzaron a dar sus puntos de vista sobre medidas que las benefician y/o las perjudican.

Las diferentes cámaras empresarias continúan analizando el mega proyecto de «Ley ómnibus» que el presidente Javier Milei envió al Congreso. Algunas aseguraron a este medio que «aún sus departamentos de legales están analizando las iniciativas» del Ejecutivo y otras dieron su punto de vista sobre las medidas que las benefician y/o las perjudican.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, se refirió a las diferentes medidas que se impulsaron a través de la Ley ómnibus y que atañen al sector pyme. En ese contexto, destacó en diálogo con Ámbito que «en la mayoría de las normas resta saber cómo se aplicarán«, ya que varias iniciativas apuntan a «favorecen la competencia» o «fomentar la inversión privada«, pero aún no está claro cómo se aplicará.

En ese sentido, González destacó que desde el sector pyme están atentos a las «nuevas normas que favorecen la competencia y defienden a las pymes de la concentración económica«, ya que es un tema sensible para esa área económica. En cuanto a los grises respecto de la aplicación de las normas, ejemplificó: «En turismo se establece el ‘fomento de la inversión privada’, pero queda pendiente saber cuáles son los instrumentos fomentarán esa inversión».

Sobre el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva, el presidente de CAME aseguró que son temas «controversiales«, ya que de alguna manera «castiga» al ciudadano que cumple con sus obligaciones y termina beneficiando al que no. Sin embargo, afirmó que comprende que el Estado «necesita incorporar la mayor cantidad de capitales posibles a sus arcas«.

González también se remontó a la pandemia y recordó que las pymes tienen una «moratoria impositiva en suspenso hasta abril» para pagar las deudas que quedaron de aquel período de bajísima actividad económica y que «si la tasa de interés Badlar sigue alta en abril, volveremos a tener problemas».

En cuanto a las retenciones a las economías regionales, el presidente de CAME las catalogó como «un fuerte golpe a las pymes de las provincias«. Y apuntó: «Si al esfuerzo de subsistencia se le suma esta retención que supone una merma en los ingresos, los castigados impactan en los emprendimientos que no tienen otra forma de financiación más que la propia capitalización de excedentes».

Ley ómnibus: Cámaras frigoríficas destacaron normativa sanitaria

Las cámaras representativas de la industria frigorífica destacaron que la incorporación del capítulo de carnes en el proyecto de «Ley ómnibus» enviado al Congreso «pregona una reforma solicitada durante años por el sector«, al tiempo que «da garantías a la salud de los consumidores» al establecer un Estatus Sanitario Nacional.

El comunicado, que refiere a lo establecido en la sección I Carnes, del Capítulo VIII Bioeconomía, en el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«, está firmado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA).

«Con gran beneplácito, desde ABC, UNICA y FIFRA, las tres cámaras más representativas de la faena de animales de Argentina, vemos la incorporación de un capítulo de carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector«, indicaron las cámaras en un comunicado.

Al mismo tiempo, agregaron que el proyecto «da garantías a la salud de los consumidores argentinos al establecer un Estatus Sanitario Nacional y designar una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional».

«Desde la Ley 3.959 en al año 1900 venimos discutiendo las competencias y pocos se ocuparon de ejercerla; las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva«, añadió el comunicado.

Y concluyó: «Nos merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos».

Ley ómnibus: para la Cámara de Comercio «es un proyecto interesante y ambicioso»

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, consideró que el proyecto de «ey ómnibus es « interesante» y «ambicioso«, aunque coincidió con otros sectores en que «es imposible analizar ya los 664 artículos«.

«Es imposible analizar ya 664 artículos, pero es un proyecto interesante y ambicioso«, manifestó Grinman en declaraciones radiales, y destacó que desde la CAC coinciden con el diagnóstico de Milei de que «el país necesita cambios profundos» y que son necesarias las «desregulaciones de nuestra economía«.

En sintonía con la imposibilidad de analizar «ya» el mega proyecto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Roberto Funes de Rioja, respondió a este medio que « los equipos técnicos de legales de UIA trabajaban en el tema«, pero que hay «diversos capítulos y cuestiones que aluden o afectan de manera concreta a la industria«.

En tanto, el presidente de Cámara Argentina de Internet (CABASE), Ariel Graizer, también resaltó que era difícil analizar la cantidad de medidas en tan poco tiempo y que el equipo de legales y políticas públicas se estaba encargando de hacerlo. Sin embargo, hizo énfasis en una medida que podría beneficiar al sector: «La apertura de importaciones y pago de servicios al extranjero ayudará a la normalización de las operaciones de los prestadores de internet«, sostuvo.

Costo. En agosto, el costo promedio que los usuarios pagaban por el servicio de internet fijo en el hogar fue de $5.612, lo que representa alrededor del 3% de los ingresos promedio por hogar a nivel nacional.

Por otro lado, Grinman remarcó entre los puntos del mega proyecto las reformas laborales, así como las modificaciones vía el DNU 70/2023, que habilitan mediante convenio colectivo de trabajo, a sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral.

«Hay una situación de informalidad muy grande en la Argentina producto de una ley de contrato de trabajo vetusta, diría, de la primera Revolución Industrial. Me parece razonable buscar todos los caminos y herramientas para eliminar la informalidad porque eso permitirá que esta pobre gente que no se encuentra incluida, no tiene jubilaciones y no tiene obra social, pueda ingresar al sistema como corresponde», ponderó.

Al mismo tiempo que, recordó que desde la CAC en 2021 presentaron un proyecto que denominaron «régimen de capitalización para despidos«, que según Grinman buscaba «proteger al trabajador para que vaya a cobrar el 100% de lo que le corresponde de manera inmediata«.

También se refirió lo que denominó «la industria del juicio«, ya que con la sustitución del sistema indemnizatorio por la nueva forma «mochila» de cese laboral, se protege al empleador y se evita que «las empresas pymes se vayan a la quiebra con un despido».

Por último, señaló que desde la Cámara la idea es que «el ingreso del trabajador sea lo más alto posible para que se vuelque al consumo». «El problema es que el Estado se lleva entre 45% y 70% de lo que paga el empleador y eso es un disparate. Eso tendría que ir al trabajador. Esperemos que este Gobierno, que está enviando señales importantes, tenga en claro eso también», concluyó Grinman.